Con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se introducen varias novedades para incrementar la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas, entre las que destaca la necesidad de solicitar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y empresas sobre los problemas que se quieren solucionar con la iniciativa, la necesidad y la oportunidad de aprobarla, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras. Por este motivo, el artículo 133 regula dicha participación de los ciudadanos.
Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
De acuerdo con el artículo 139 de la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, se habilita a los ayuntamientos para ordenar las relaciones de convivencia de interés local y el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. Es en este marco y con la voluntad de reforzar la vía de la concienciación colectiva, que se proponen las Medidas Alternativas a la Sanción Económica (MASE) como conjunto de acciones que el ayuntamiento puede ofrecer a las personas infractoras como alternativa a las sanciones económicas previstas en las ordenanzas municipales. La literatura sobre la temática expone que los objetivos de estas medidas tienen la voluntad de 1) potenciar una relación cercana y de colaboración entre la ciudadanía, la administración y la red de entidades del municipio. 2) promover la corresponsabilización de la ciudadanía hacia el espacio, los equipamientos públicos y el mobiliario urbano, y 3) fomentar el compromiso y la participación activa en favor de la convivencia.
Las MASE pivotan sobre los ejes educativos y reparadores y quieren ser complementarias a los procedimientos administrativos establecidos mediante la puesta a disposición de las personas infractoras de un procedimiento que tenga los ejes expresados como fundamento de su desarrollo. Las MASE pueden contribuir a mejorar la concienciación colectiva de manera global y también nos pueden permitir establecer medidas que mejoren la calidad de los espacios públicos en relación con los excrementos de animales de compañía o bien las pintadas que afectan a varios lugares de la ciudad.
La aprobación y puesta en marcha de la Ordenanza de Medidas Alternativas a la Sanción Económica pretende establecer un programa eficaz de medidas alternativas que garanticen el cumplimiento de unas actividades sustitutorias a la sanción económica pero sobre todo que sean garantes de unos valores sociales y educativos de cara a aquellos ciudadanos que cometan una infracción estipulada en la Ordenanza.
Necesidad y oportunidad de la aprobación de la nueva ordenanza
Mantener un buen clima de convivencia social en los municipios año tras año se convierte en un reto, dada la heterogeneidad de los habitantes y de los usos del espacio público, así como de avances y transformaciones en las costumbres que añaden nuevos retos a la ya de por sí compleja tarea de la seguridad ciudadana y el civismo. La preservación del espacio público como lugar de encuentro y convivencia de todas las personas que viven en un municipio donde puedan desarrollar en libertad sus actividades respetando los derechos de los demás es quizás uno de los mandatos más fundamentales que reciben las administraciones municipales de los sus ciudadanos. El incremento sustancial de la población canina de razas peligrosas, la aparición del "botellón", la extensión en el uso de aparatos electrónicos en el espacio público, el uso indebido de espacios y mobiliario urbano o la generación de suciedad en los espacios comunes son ejemplos de conductas conflictivas que pueden afectar a una buena convivencia y el cumplimiento de la ordenanza de civismo de cualquier municipio.
Estas nuevas conductas, a menudo más cercanas al individualismo y la insolidaridad alejan a la ciudadanía del cuidado del bien común y de la concepción de lo público como bien colectivo y compartido. Frente a este escenario, muchos municipios han readaptado su estrategia en la regulación de la convivencia ciudadana para dotarlas de un enfoque más educativo, innovador y que permita reconocer, responsabilizarse y reparar el daño causado mediante una medida alternativa a la sanción económica ordinaria. Se persigue, pues, impulsar nuevas medidas que permitan la incorporación de un doble componente educador y reparador en las ordenanzas municipales, que fomente la generación de una ciudadanía más comprometida y responsable, que se aleje del modelo puramente sancionador y que el acerque a otros planteamientos que incorporan la voluntad de implicar a las personas que han cometido una infracción de forma activa, desde la corresponsabilidad, el aprendizaje personal, la reflexión y el respeto. Esta participación activa en la reparación aumenta el sentimiento de pertenencia y el compromiso de la ciudadanía en el cuidado y el uso de los espacios públicos del municipio.
Objetivos de la norma
Con el presente Programa de Medidas alternativas se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
a) Fomentar la convivencia entre ciudadanos y hacerlos corresponsables y partícipes de la gestión de sus diferencias.
b) Mejorar el diálogo entre personas y colectivos aceptando el hecho de que el conflicto tiene una vertiente positiva.
c) Incrementar la aceptación de la diferencia de percepciones y opiniones, fomentando la igualdad y el respeto hacia el otro.
d) Incrementar la participación de los ciudadanos en los asuntos colectivos y trabajar para la construcción social a través de la gestión y resolución de estos conflictos y poniendo las bases para unas nuevas relaciones y reglas sociales.
Posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras
Los conflictos derivados de incumplimientos de la Ordenanza para la Convivencia, tenencia de animales y el civismo deben ser tratados de forma específica e individualizada donde la principal meta sea, por encima de todo, fortalecer el papel de la comunidad y trabajar la vinculación de la persona infractora a esta comunidad, con la ayuda esencial de los diferentes agentes de la Administración pública, que se convertirá necesaria para alcanzar los objetivos de reeducación y corrección que se pretenden en la Ordenanza.
La ciudadanía puede hacer sus aportaciones a través del Decidim hasta el día 20 de julio de 2021.
Fuente de la imagen de portada: Komunica.press
